Las mujeres uruguayas participaron en la historia social, económica y política del país desde las luchas por la independencia, la revolución y después en las movilizaciones obreras de comienzos de siglo. No obstante, esa presencia recién se comienza a documentar en la investigación histórica.
Uruguay sobresale por su temprana legislación de protección a la mujer trabajadora y por la ley de divorcio unilateral sin expresión de causa (1913), así como por la rápida secularización que culminó en la separación de la Iglesia y el Estado en 1917.
Tras casi veinte años de acción organizada, en 1932 las mujeres obtuvieron el derecho a voto, siendo Uruguay el segundo país de la región en reconocerlo. Se incorporaron al Parlamento en 1943, pero recién en 1968 una mujer ocupó una cartera ministerial, sólo por un mes.
La democracia uruguaya, con una tradicional y activa participación electoral, sufrió una dramática interrupción con la dictadura militar de 1973-1985. La dureza del período -la represión y la profunda crisis económica- mantuvo a las mujeres marginadas del proceso vivido tanto a nivel mundial como en la mayoría de los países de América Latina por la celebración del Decenio de Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985). Sin embargo, la propia situación del país politiza la vida cotidiana y los afectos y en 1982 comienzan a articularse con fuerza nuevos grupos de mujeres preocupadas de la defensa de los derechos humanos y las necesidades de subsistencia. Las mujeres se vuelven protagonistas de la lucha por la democracia, formulan reivindicaciones específicas y finalmente buscan su incorporación en la esfera de los partidos políticos a partir de la coordinación de organizaciones y grupos de mujeres.
Si bien la transición a la democracia en sus inicios fue mezquina con las mujeres en cuanto a cargos de representación y en el Poder Ejecutivo, paulatinamente sus reivindicaciones se han ido legitimando y han vuelto a estar en el Parlamento -incluso con una comisión especial sobre Condición de la Mujer- y por primera vez presiden Juntas Departamentales. Esta presencia en el poder local ha permitido un trabajo concertado con organizaciones femeninas de base, así como con Organismos No Gubernamentales de trayectoria en el trabajo con mujeres. En los partidos políticos se ha puesto en el debate la cuotificación de los cargos y en el Parlamento se debate una ley que haga otro tanto en los cuerpos representativos.
Las uruguayas fueron las primeras en América Latina en modificar profundamente sus rasgos demográficos, tanto como producto de los cambios generales de la población como a través de la modificación de su propio comportamiento reproductivo. De esta forma, ya a mediados de siglo la población femenina en Uruguay era principalmente adulta, fundamentalmente urbana y tenía menos de tres hijos como promedio durante su vida fértil. Estas características se han ido acentuando en las últimas décadas, pero sin que se hayan producido los cambios drásticos que tuvieron lugar en la mayoría de los países de la región en esta segunda mitad del siglo.
Las mujeres han participado desde temprano en el mercado económico uruguayo. Sus tasas de participación están entre las más altas de América Latina y la fuerza laboral femenina tiene un nivel educativo promedio más alto que la masculina. Sin embargo, sigue obteniendo menores salarios y orientándose hacia profesiones todavía tradicionalmente femeninas.
Sus condiciones de salud y educación son comparativamente buenas en la región. Ha sido sobre todo en el campo educativo donde las mujeres de Uruguay han dado un salto importante en las últimas dos décadas. Las uruguayas habían alcanzado a mediados de siglo una situación educacional semejante a la que están logrando las mujeres de la mayoría de los países latinoamericanos desde la pasada década: paritaria respecto del varón en los niveles primario y secundario y ligeramente inferior en el universitario. Pero el nuevo impulso que tuvo su participación en los últimos veinte años ha significado que hoy sean claramente mayoritarias en las matrículas de los niveles segundo y tercero de la educación. Ello no quiere decir que su situación educativa no presente algunos problemas de consideración: segmentación al momento de elegir carrera, falta de formación técnica y, sobre todo, una socialización escolar en menores y jóvenes que aún reproduce la división tradicional de roles sexuales.
En el ámbito de la acción social colectiva de mujeres, Uruguay cuenta hoy día con un amplio tejido social, vivo y variado que incluye tanto grupos de base como organizaciones feministas, centros académicos y de investigación, ONG de desarrollo social, organizaciones políticas y asociaciones gremiales. Esta heterogeneidad constituye una riqueza pero también es fuente de tensiones y las líderes han debido realizar enormes esfuerzos para conservar los espacios de coordinación y continuar buscando mecanismos de articulación con el sistema institucional. El debate en torno a la autonomía del movimiento social y la doble militancia -política y de mujeres- recorre el quehacer de las organizaciones en un país de fuerte tradición político-partidaria y donde el mito de la sociedad igualitaria aún persiste en el sentir colectivo.
El proyecto de investigación Mujeres Latinoamericanas en Cifras fue desarrollado en Uruguay por Rosario Aguirre, investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay (CIEDUR). La presentación de resultados fue realizada por la Coordinación Regional del proyecto, atendiendo a las necesidades de comparación del caso uruguayo con el resto de los países de América Latina.
miércoles, 4 de noviembre de 2009
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